¿Qué opinas sobre el requisito de la nueva Ley por el derecho a la vivienda (Ley 12/2023, de 24 de mayo) que indica que solo las personas físicas pueden ser administradores de fincas, quedando excluidas las personas jurídicas para ejercer la profesión?
En mi opinión, como administrador de fincas con más de 30 años de experiencia, este requisito refleja una voluntad de personalizar la gestión de las fincas, asegurando un trato más directo y personalizado entre los administradores y los propietarios o comunidades de propietarios. Por otro lado, no cabe duda de que una medida de estas características puede percibirse como una limitación a la entrada de operadores jurídicos.
El Gobierno ha anunciado que avalará el 20% de la hipoteca para primeras viviendas a jóvenes y familias con menores a su cargo si cumplen una serie de requisitos. ¿Te parece una buena medida para incentivar las viviendas en propiedad?
Desde mi perspectiva profesional como administrador de fincas, esta medida puede ser positiva en varios aspectos. Primero, alivia la carga financiera inicial que supone la compra de una vivienda, lo que es especialmente relevante en un mercado inmobiliario con precios elevados. Segundo, al facilitar el acceso a la propiedad, se promueve una mayor estabilidad y arraigo en las comunidades, lo cual es beneficioso tanto para los propietarios como para el entorno vecinal. Por último, esta iniciativa puede contribuir a revitalizar el mercado inmobiliario, fomentando la compra de viviendas y, por ende, potenciando la actividad en nuestro sector.
No obstante, también es prudente considerar los posibles desafíos o limitaciones de esta medida. Por ejemplo, podría argumentarse que esta política favorece la adquisición de vivienda en propiedad en detrimento del alquiler, lo cual podría no ser lo más adecuado para todos los ciudadanos o para todas las zonas urbanas. Además, esta medida podría generar un incremento en los precios de las viviendas si la demanda se incrementa significativamente, lo cual eventualmente podría contrarrestar los beneficios de la ayuda gubernamental.
Cada vez se habla más de “autoconsumo” como medida para mejorar el medioambiente y hacer frente a los altos precios de la energía. En su opinión, ¿son la instalación de placas fotovoltaicas una opción adecuada para reducir el gasto en las comunidades de propietarios?
La rentabilidad de la inversión en placas fotovoltaicas en comunidades de propietarios puede variar, y generalmente se materializa a medio o largo plazo. El desembolso inicial es significativo, pero los ahorros en las facturas de energía y los posibles ingresos por la venta del excedente de energía pueden compensar esta inversión inicial con el tiempo. Sin embargo, factores como el mantenimiento, las regulaciones locales y la eficiencia del sistema en la generación de energía pueden influir en el retorno de la inversión. En algunos casos, el ahorro podría no ser tan sustancial como inicialmente se podría pensar, especialmente si los costos de mantenimiento son más altos de lo esperado o si las condiciones locales no son óptimas para la generación de energía solar. Por lo tanto, es crucial realizar un análisis detallado y obtener asesoramiento experto para determinar la viabilidad y la rentabilidad de esta inversión en cada caso particular.
¿Crees que la tendencia emergente sobre convertir espacios de oficinas sin uso en viviendas podría encontrar buena acogida en España de cara a revitalizar las ciudades?
La conversión de oficinas en desuso en viviendas podría aliviar parcialmente la falta de vivienda aumentando el parque de viviendas disponible, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Sin embargo, el impacto en la reducción del costo de la vivienda no es directo y dependerá de muchos factores, incluyendo la demanda y la regulación local. Por otro lado, la experiencia pasada con la conversión de locales comerciales a pie de calle en viviendas ha mostrado que es una estrategia viable para revitalizar áreas urbanas, aunque también plantea desafíos en cuanto a regulaciones de zonificación y aceptación comunitaria. La efectividad de estas conversiones para abordar la falta de vivienda y abaratar los costes residenciales requiere una planificación cuidadosa y un marco regulatorio flexible.
¿Cuáles son los retos, en tu opinión, que existen hoy de cara a afrontar la digitalización por parte del sector de la administración de fincas?
En mi experiencia, la transición hacia la digitalización en el sector de la administración de fincas se presenta con varios retos. A menudo me encuentro con una resistencia al cambio, especialmente entre colegas con muchos años en la profesión. La inversión inicial en tecnología puede ser intimidante, y la falta de conocimientos técnicos añade otra capa de complejidad. Además, la protección de los datos de nuestros clientes es una responsabilidad enorme, y garantizar su seguridad en un entorno digital es un desafío constante. La interoperabilidad entre diferentes sistemas y la regulación existente son otros obstáculos que requieren nuestra atención. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, estoy convencido de que adaptarse a las herramientas digitales es un paso necesario para mantener la relevancia y eficiencia en nuestra profesión, y para ofrecer un servicio actualizado y de calidad a nuestros clientes.
