Los fondos NextGenerationEU iban a suponer un gran impulso para la rehabilitación energética de edificios y viviendas en España, pero el ritmo de los trabajos es mucho menor de lo previsto y el Gobierno ha rebajado su objetivo de rehabilitación para 2026. ¿A qué crees que se deben estos retrasos?
En mi opinión, los retrasos en la implementación de los fondos NextGenerationEU para la rehabilitación energética de edificios en España se deben a una combinación de factores estructurales, administrativos y sociales.
Desde un punto de vista estructural, España enfrenta retos particulares relacionados con las características de su parque edificado y su modelo de propiedad. Más del 50% de los edificios residenciales se construyeron antes de 1980, es decir, antes de la introducción de normativas de eficiencia energética. Este dato es relevante porque revela un enorme potencial de mejora, pero también implica mayores costes y complejidades técnicas a la hora de acometer las intervenciones necesarias. Además, nuestro país presenta una de las tasas de propiedad más altas de Europa, con un 75% de viviendas en manos de particulares. Esto contrasta con otros países europeos, como Austria o Suecia, donde la vivienda en alquiler, gestionada por grandes propietarios, permite decisiones más rápidas para ejecutar proyectos de rehabilitación. En España, las comunidades de propietarios deben consensuar acuerdos, y este proceso, en muchas ocasiones, genera demoras o incluso paraliza las actuaciones.
En cuanto al ámbito administrativo, la descentralización de las competencias de rehabilitación entre el Estado y las comunidades autónomas ha derivado en una gestión desigual de los fondos NextGenerationEU. Mientras algunas regiones han logrado lanzar programas eficientes, otras han enfrentado obstáculos como la falta de recursos humanos cualificados o la excesiva complejidad de los procedimientos.
Un tercer factor que no debe pasarse por alto es la escasez de mano de obra cualificada que ha limitado la capacidad de ejecución de proyectos en el ritmo necesario para cumplir con los objetivos. Además, la inflación y el encarecimiento de los materiales de construcción, agudizados por la pandemia y la crisis en Ucrania, han añadido una presión económica significativa, afectando tanto a los presupuestos de los proyectos como a la viabilidad financiera de muchas iniciativas.
A pesar de estas barreras, España tiene un gran potencial y la rehabilitación de edificios representa una gran oportunidad, siempre y cuando se aborden los problemas administrativos y se prioricen las intervenciones más estratégicas. Para maximizar el impacto de estos fondos, considero imprescindible simplificar la burocracia, fortalecer la formación profesional en el sector, ampliar los plazos para la ejecución de los proyectos y fomentar campañas de sensibilización efectivas.
A esto se une que actualmente muchos programas de ayudas a la rehabilitación energética de edificios han finalizado sin que hayan salido publicadas nuevas convocatorias. ¿Cómo crees que se desarrollarán los programas de subvención con fondos europeos en los próximos años?
Desde mi experiencia, considero que el diseño y la implementación de programas de subvención con fondos europeos para la rehabilitación energética deben evolucionar significativamente en los próximos años para garantizar un impacto transformador y duradero. Aunque los fondos NextGenerationEU han sido un catalizador esencial, es evidente que las limitaciones observadas en los programas actuales ofrecen lecciones importantes para el futuro. El camino a seguir debe centrarse en estrategias más claras, simplificadas y orientadas a resultados, alineadas con los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión Europea y España para 2030 y 2050.
Considero imprescindible adoptar una estrategia de largo plazo que trascienda los ciclos de financiación europeos. En mi opinión, esta visión debería enmarcarse en una política nacional que integre incentivos fiscales, normativas técnicas actualizadas y mecanismos financieros complementarios. Además, esta estrategia debe incluir campañas de sensibilización que fomenten la participación activa de ciudadanos y comunidades de propietarios, que son actores principales en la transición hacia un parque edificatorio más eficiente y sostenible.
En cuanto a los mecanismos financieros, creo que debemos ir más allá de las subvenciones directas. Una mezcla de ayudas públicas y financiación privada, como préstamos a bajo interés, hipotecas verdes o esquemas de financiación a largo plazo, es esencial para cubrir el gap económico que no pueden cubrir las subvenciones. Este enfoque no solo moviliza recursos adicionales, sino que también fomenta la colaboración entre el sector público y privado, algo que considero indispensable para el éxito de cualquier programa.
Otro aspecto fundamental es el uso de incentivos fiscales como complemento a las ayudas. Desde mi punto de vista, deducciones fiscales progresivas que premien las actuaciones más ambiciosas en términos de eficiencia energética y sostenibilidad pueden ser una herramienta poderosa para motivar a los propietarios a seguir invirtiendo en rehabilitación.
Desde mi perspectiva, también es crucial fomentar la innovación tecnológica dentro de estos programas. Reservar una parte de los fondos para proyectos piloto y la adopción de tecnologías avanzadas, como materiales sostenibles, sistemas inteligentes de gestión energética o energías renovables integradas, puede acelerar la transformación del sector y posicionar a España como líder en rehabilitación sostenible.
Finalmente, el éxito de los programas dependerá de la monitorización continua y la transparencia. Es imprescindible contar con sistemas claros de evaluación que midan no solo los ahorros energéticos, sino también los beneficios sociales, económicos y medioambientales de las intervenciones. Estos datos serán clave para ajustar las políticas y garantizar su eficacia a lo largo del tiempo.
Más allá de los fondos europeos, creo firmemente que España debe consolidar la rehabilitación energética como una prioridad nacional. Esto requiere un compromiso sostenido por parte de las administraciones públicas, así como la integración de estos programas en planes urbanos más amplios que aborden temas como la regeneración urbana y la cohesión social.
¿Qué opinas sobre que la Comisión Europea haya dado luz verde a que las deducciones fiscales a la rehabilitación de viviendas se prorroguen hasta 2024? ¿Es tiempo suficiente o habría que dilatar más los plazos?
Desde una perspectiva técnica y de implementación, considero que la extensión de las deducciones fiscales más allá de 2024 puede contribuir a acelerar el ritmo de los proyectos de rehabilitación, aunque, en mi opinión, el verdadero reto radica en cómo se gestionarán y ejecutarán estas ayudas.
Es innegable que los fondos de la Unión Europea, como los del programa NextGenerationEU, han desempeñado un papel crucial en la reactivación de la rehabilitación energética en los últimos años. Sin embargo, los programas deben evolucionar para ir más allá de los plazos de los fondos europeos. Es fundamental que los incentivos fiscales no solo se extiendan, sino que también se diversifiquen, para adaptarse mejor a las necesidades del mercado. En mi experiencia, las fórmulas complementarias como los incentivos fiscales progresivos o la financiación asequible a largo plazo son esenciales para cubrir ese vacío económico que las subvenciones no logran alcanzar.
El fomento de la colaboración público-privada también será crucial. Desde mi experiencia, involucrar al sector privado en estos procesos permite ampliar los recursos disponibles y aumentar la efectividad de los proyectos. Las alianzas con empresas de servicios energéticos, entidades financieras o cooperativas locales permitirían aumentar la inversión y reducir los riesgos asociados a estos proyectos de rehabilitación.
Y, aunque la prórroga de las deducciones fiscales es positiva, considero que este plazo podría ser insuficiente para lograr una transformación profunda. Es necesario que los programas no solo se extiendan, sino que se rediseñen de manera más integral, con una visión de largo plazo que garantice la sostenibilidad de los proyectos de rehabilitación más allá de los plazos políticos o financieros.
La nueva directiva europea sobre la eficiencia energética en los edificios plantea la creación de un Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios que impulse la tasa anual de rehabilitación y establece unos objetivos de reducción del consumo de energía primaria de un 16% en 2030 y entre un 20 y 22% en 2035. ¿Crees que estos objetivos son alcanzables?
Los objetivos establecidos por la nueva Directiva Europea sobre la Eficiencia Energética en los Edificios son ambiciosos, pero no son inalcanzables. La meta de reducir el consumo de energía primaria en un 16% para 2030 y entre un 20% y un 22% para 2035, aunque suponen un desafío considerable, pueden lograrse si se adoptan las medidas correctas y se cuenta con el compromiso necesario. Estos objetivos requieren un enfoque multifacético que combine políticas públicas coherentes, estrategias de financiación efectivas, la simplificación de procesos administrativos y, crucialmente, una transformación cultural en la forma en que los propietarios y comunidades perciben la rehabilitación energética.
Para que los objetivos sean alcanzables, será fundamental mantener un compromiso político firme que garantice la continuidad de las políticas públicas a largo plazo. El Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios, aunque es un paso importante en la dirección correcta, deberá ir acompañado de una ejecución efectiva, con recursos bien asignados y una visión que trascienda de los ciclos electorales. En este sentido, las políticas públicas deben ser lo suficientemente claras como para asegurar que los fondos y recursos se destinen en el tiempo de manera eficiente y con impacto real.
El Libro del Edificio existente se ha establecido como una herramienta clave para promover la rehabilitación energética entre las comunidades de propietarios ¿Qué papel crees que tendrá más allá de los fondos NextGenerationEU?
Sin duda, el Libro del Edificio Existente es ya una herramienta fundamental para la rehabilitación del parque edificatorio en España. Este documento, concebido inicialmente bajo el impulso de los fondos NextGenerationEU, tiene un potencial que trasciende ampliamente estas ayudas. Si se implementa de manera adecuada, el Libro no solo facilitará la rehabilitación energética, sino que también transformará la gestión y el mantenimiento de los edificios hacia un enfoque más sostenible y planificado a largo plazo.
El Libro del Edificio representa una hoja de ruta estratégica para los propietarios y comunidades, ofreciendo un diagnóstico técnico claro sobre el estado actual de un inmueble, así como las intervenciones necesarias para garantizar su sostenibilidad, eficiencia energética y conservación. Este enfoque integral no solo aborda las necesidades inmediatas del edificio, sino que también facilita la planificación de actuaciones futuras, permitiendo una gestión escalonada y eficiente.
Uno de los aspectos más relevantes del Libro es su capacidad para ofrecer un diagnóstico detallado de los elementos constructivos, instalaciones y posibles patologías del edificio. Esta evaluación inicial es fundamental, ya que proporciona una base sólida para tomar decisiones informadas sobre las intervenciones prioritarias.
Además, considero que el plan de actuaciones que incluye el Libro es uno de sus mayores valores añadidos. Este documento no solo detalla las intervenciones necesarias, sino que las organiza en función de su urgencia y relevancia, ayudando a las comunidades de propietarios a anticiparse a las inversiones y evitar improvisaciones.
Asimismo, el Libro del Edificio puede desempeñar un papel clave en la transparencia y confianza dentro del mercado inmobiliario. Un inmueble que cuente con este documento actualizado será más atractivo para compradores e inversores, ya que proporciona garantías claras sobre su estado y cumplimiento normativo. Además, la posibilidad de acceder a un historial técnico detallado reduce la incertidumbre y facilita la toma de decisiones, tanto en el ámbito privado como en la gestión pública.
